Ley de presupuestos 2017

Ley de presupuestos 2017
Ingreso: 
30 de septiembre de 2016
Estado: 
Sanción
Enviado por: 
Ejecutivo

Introducción

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre y la semana del 3 de octubre comenzará la discusión del presupuesto 2017 para el sector público. Si bien cada programa de la partida 09 (que corresponde a los recursos destinados al Mineduc), es clave lo que suceda en materia de gratuidad para la educación superior. También es importante la gratuidad para la educación técnica superior, considerando el fallo del Tribunal Constitucional en 2016, que en el marco del debate de la gratuidad 2016, dejó a CFT e IP fuera del beneficio. Esto ocurrió porque se exigió a las instituciones no tener fines de lucro, requisito que no cumplían todas las instituciones de educación superior técnica. Desde Educación 2020 seguiremos con atención esta discusión.

Detalle

El 30 de septiembre el gobierno envío a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2017. El proyecto contempla un gasto total de US$60 millones, aumentando con fuerza la deuda fiscal. En relación al presupuesto del 2016, el proyecto propone un aumento de un 2,7% real.
 

Para 2017, las prioridades se concentran en educación, con un aumento del 6,2%  y salud con un 4,2%. En el caso de educación ese aumento equivale a $9.489.630 millones.

Para educación parvularia el presupuesto crecerá 10,7% respecto del año anterior. También se contempla un desembolso de $275.743 millones para la entrada en vigencia e implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Y para la implementación de la ley de inclusión, que mandata a los colegios particulares subvencionados proveer educación sin selección y sin copago, implicará un gasto fiscal de $98.206 millones para 2017.

Uno de los puntos más esperados del proyecto es el monto para garantizar la gratuidad en educación superior. Para 2017 se propone un aumento del 55,2% de los recursos para este ítem, en relación al año 2016. Además, se aumenta en $11.287 millones los recursos para universidades estatales, lo que se entregará vía convenio marco. Además, el 2017 se abrirán dos de los quince CFT estatales comprometidos, lo que implicará $10.405 millones.

Al igual que en el presupuesto anterior, el proyecto establece los criterios de elegibilidad de instituciones y estudiantes para acceder a la gratuidad. Entre las novedades está la intención de que los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) también se incluyan en el beneficio, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el proyecto, que son los mismos de 2016.

El aumento en la inversión en gratuidad 2017 se explica porque aunque no se ampliaron los deciles beneficiados con gratuidad, ésta sí se extendió a instituciones técnicas de educación superior. Al respecto, llama la atención que se permitirá a CFT e IP con fines de lucro depositar en el Mineduc los estatutos de su nueva personalidad jurídica sin fines de lucro, antes del 15 de diciembre de 2016. Estos estatutos deberán establecerse por escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública y deberán constatar la aprobación de esta transformación por unanimidad de los socios o accionistas de la persona jurídica de la institución. El plazo final para concretar este cambio a sin fin de lucro es el 31 de enero de 2018. Esto les permitirá acceder a la gratuidad para 2017.

Los y las estudiantes que pueden acceder a la gratuidad deben pertenecer a los cinco deciles más pobres del país, tal como establece la ley de presupuestos 2016.

La institución de educación superior que quiera recibir el aporte de gratuidad para que sus estudiantes reciban educación terciaria gratuita, debe cumplir los siguientes criterios:

—Estar acreditada por 4 años o más,
—Estar constituida como una organización sin fin de lucro,
—No tener entre sus controladores a personas jurídicas con fines de lucro,
—Estar adscritas al Sistema Único de Admisión o contar con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias, basado en el mérito de los estudiantes. En el caso de los CFT e IP que quieran adscribir a la gratuidad, no se les exige ser parte del Sistema Único de Admisión pero sí contar con un sistema de admisión transparente, objetivo y pertinente, que no implique discriminaciones arbitrarias y favorezca a estudiantes que egresaron de establecimientos de enseñanza media técnico-profesional y a trabajadores y trabajadoras del área.

ACTUALIZACIONES 

Lunes 29 de noviembre de 2016: durante la madrugada, la comisión mixta llegó a un acuerdo que resolvió las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados y entre el gobierno y la oposición. El acuerdo fue ratificado por las salas de la Cámara de Diputados y el Senado, quedando en condiciones de ser promulgada por la Presidenta de la República. 

Lunes 14 y viernes 18 de noviembre de 2016: La Sala aprobó  el presupuesto 2017 para los programas del Mineduc. Tal como en 2015, los parlamentarios de la coalición Chile Vamos llevarán la glosa de gratuidad en la educación superior al Tribunal Constitucional, lo que podría terminar por excluir a los CFT e IP de recibir recursos para la gratuidad.

Lunes 7 y viernes 11 de noviembre de 2016: La cuarta subcomisión mixta de presupuesto, encargada de conocer la partida que corresponde al Mineduc, despachó dicha partida, el día 8 de noviembre. Así, ésta será conocida por la Comisión mixta de presupuestos 2017. 

Miércoles 2 y jueves 3 de noviembre: La cuarta subcomisión mixta de presupuesto, encargada de conocer la partida que corresponde al Mineduc, seguirá conociendo sobre los siguientes capítulos: Subsecretaría de Educación Subsecretaría de Educación Parvularia Reabierto debate sobre Junaeb La semana del 24 de octubre, se revisaron los programas de la Subsecretaría de Educación y de Educación Parvularia, pero no se votaron. Por ello, continuará su discusión. Mientras se avance en ellos también se conocerán los programas de educación superior, incluyendo gratuidad.

Semana del 24 al 28 de octubre de 2016: la cuarta subcomisión mixta de presupuesto (encargada de conocer la partida que corresponde al Mineduc) está conociendo sobre los siguientes capítulos: JUNJI e Integra, Subsecretaría de Educación y Subsecretaría de Educación Parvularia. 

Se tenía previsto que a partir del 27 de octubre se comenzaría a conocer los programas sobre educación superior, lo que no ocurrió porque aún no se despachaban (votaban) los programas relativos a JUNJI e Integra, que fueron despachados el 25 de octubre y se continuó también el día 26, con Subsecretarías de educación y educación parvularia no despachándose aún. La discusión continuará el 2 de noviembre a partir de las 15:00 hrs.

Jueves 13 de octubre: La cuarta subcomisión mixta de presupuesto, encargada de conocer la partida que corresponde al Mineduc, conoció y votó los siguientes capítulos: Consejo Nacional de Cultura y las Artes, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Superintendencia de Educación y Agencia de Calidad de la Educación.

La opinión de Educación 2020

Un análisis de la fundación muestra que la mayoría de los recursos para educación se asignan moviendo presupuesto entre ítems, para enfatizar los proyectos de la reforma, especialmente, educación superior. El problema: el 41% de los fondos públicos para este nivel educativo se destinarán a la banca privada por pago del CAE.

El Congreso está en plena discusión del presupuesto 2017. Según un análisis de Educación 2020, los recursos destinados a educación aumentaron un 6,2% este año, pero al examinar su desglose, se observa que estos se mueven de un ítem a otro para nutrir compromisos asociados a la reforma educacional, principalmente, a educación superior.

El problema, según el estudio de la fundación, es que el 41% de los recursos públicos destinados a educación superior irán a parar a la banca privada. De los USD 2.955 totales para este nivel educativo, USD 1.215 millones se gastarán en “Compra de títulos” y “Amortización de la deuda”, es decir, pago de carteras morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Si bien el CAE será reformado, en concreto es un fracaso, una pérdida de plata para el Estado”, asegura Ariel Ramos, investigador de Política Educativa de Educación 2020, y agrega que otra parte de los recursos para educación superior se destinarán a gratuidad (USD 1.116 millones). El problema aquí es que la ley de gratuidad “aparece a merced de discusiones presupuestarias, en vez de ser una política de Estado”.

Rotación de recursos

Según Educación 2020, es en el nivel escolar donde hay más rotación de recursos. Por ejemplo, hay aumentos para programas de educación pública, como el de perfeccionamiento para profesionales de la educación (+USD 1,2 millones) o el de acceso a la educación superior (+USD 3,7 millones), pero baja el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (-USD 14,6 millones), el de mejoramiento para infraestructura (-USD 11,2 millones) y mejoramiento de la calidad (-USD 9 millones).

Es decir, se mueven recursos de la educación pública para solventar programas de la misma. Ramos asegura que todas estas rotaciones “no se condicen con las declaraciones del gobierno de mejorar la educación pública”. Lo que también se vislumbra en la nula inversión en innovación educativa o nuevas prácticas pedagógicas que promuevan el aprendizaje y la baja de recursos para programas asociados a educación técnico profesional: USD 5,7 millones menos.

Esta rotación de montos también ocurre en carrera docente. Al analizar el nuevo ítem de “Asignación por alta vulnerabilidad”, que aporta USD 47 millones en total, se aprecia que gran parte de ese monto proviene de reasignaciones de partidas similares, por concepto de “Asignación por desempeño difícil”.

Además, Ramos remarca que se comprometieron USD 150 millones para subvención de escolaridad (que apoyan las horas no lectivas), pero en la glosa presupuestaria hay sólo USD 72 millones. Lo mismo ocurre con la “Asignación por tramos de desarrollo profesional”, donde se anunciaron USD 47 millones pero en la práctica aparecen USD 33 millones. “La pregunta es de dónde saldrá la diferencia de esos recursos”, subraya el investigador.

Por último, en educación inicial, la principal crítica de la fundación es que si bien aumentan los recursos en un 10,5% (USD 38 millones), estos se destinan a la subvención para Fundación Integra y Junji, pero no considera aspectos clave, como la preparación de educadoras y el aumento de parvularias por cada niño o niña. “Esta etapa es sensible y ofrecer educación de mala calidad puede causar más daño que no tenerla”, concluye Ramos.

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